A un mes del inicio de las campañas municipales, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo está brindando protección a 24 candidatos debido a amenazas, intimidaciones, actos de violencia, acoso y seguimiento. Este grupo incluye 18 candidatos de cinco partidos políticos, un candidato independiente, un candidato a síndico y cuatro candidatos a diputados locales. De los protegidos, 15 son mujeres y nueve son hombres.

Morena lidera la lista con seguridad para 10 candidatos a presidentes municipales y un candidato a síndico. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene tres candidatos protegidos, el Partido del Trabajo (PT) también cuenta con tres, el Partido Acción Nacional (PAN) uno, y hay cuatro candidatos a diputados locales, uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un candidato independiente.

Desde el inicio de las campañas electorales el 19 de abril, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ha implementado un protocolo de seguridad para prevenir cualquier atentado contra los candidatos. En este contexto, la policía estatal brinda seguridad a varios candidatos de Morena, incluyendo Marco Antonio Andrade Saab en San Felipe Orizatlán y Yessica Cortés Baltazar en Huazalingo, entre otros.

El PRI proporciona protección a Margarito Monterrubio Hernández en Huejutla de Reyes, Oscar Armando Andrade Castillo en San Felipe Orizatlán, y Alejandra Morán Ramírez en Tula de Allende.

El PT protege a Carlos César Pérez Escamilla en San Felipe Orizatlán, Noemí Zitle Rivas en Tepeji del Río, y Corina Jiménez Melo en Calnali. El PAN asegura a Juan Carlos Madrid Garay en Apan y a varios candidatos a diputados locales.

Además, Eliddé Olguín Covarrubias, candidata a presidente municipal de Chapulhuacán por el PRD, y José Francisco Hernández Hernández, candidato independiente en Tepeapulco, también cuentan con protección.

El protocolo del IEEH establece medidas de colaboración entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia para proporcionar seguridad a los candidatos que enfrentan riesgos. Este protocolo busca proteger la vida, salud e integridad de los candidatos, garantizando respuestas rápidas y adecuadas a sus necesidades de seguridad durante el proceso electoral.