En un histórico fallo, una jueza federal ha dictado la primera sentencia condenatoria por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el infame caso de la Estafa Maestra. Después de casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez declaró culpables a dos exfuncionarios federales y a un representante de una empresa privada.

Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V., y una exfuncionaria de menor rango. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes que demostraron la culpabilidad de los acusados.

Entre 2012 y 2018, operó una organización delictiva dentro de la Sedesol y la Sedatu, desviando más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada. Aunque esta sentencia marca el fin del juicio, las partes pueden apelar o solicitar amparos, lo que significa que la condena no será definitiva hasta que se agoten estas instancias. Las penas para los condenados podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.

Para la FGR, esta sentencia representa una victoria significativa debido a la gravedad de los delitos. Anteriormente, más de 25 procesos penales relacionados con la Estafa Maestra habían sido judicializados, pero todos por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones. Este es el primer caso que ha avanzado hasta la fase de juicio oral con un fallo favorable para la acusación.

Sin embargo, la FGR ha enfrentado desafíos en este proceso. La exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, considerada la presunta líder de la organización delictiva, obtuvo un amparo que anuló la orden de aprehensión en su contra, un beneficio que también alcanzaron otros dos implicados. No obstante, los fiscales aún tienen la opción de iniciar un proceso contra Robles en futuras audiencias.

La acusación final de la FGR detalla cómo la organización delictiva dispersó más de cinco mil millones de pesos mediante la firma irregular de convenios entre las secretarías y universidades públicas. Un ejemplo es un convenio entre Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77 millones de pesos, supuestamente para levantamiento de padrones y encuestas, servicios que nunca se realizaron y cuyos fondos terminaron en empresas fachada.

La investigación reveló que Orozco Martínez validó contratos y servicios irregulares, mientras que la empresa representada por Valenciano Zapata recibió los fondos desviados sin haber prestado servicios reales. La jueza concluyó que, sin estas acciones, la organización delictiva no habría podido desviar los recursos públicos.